Aunque no lo diga abiertamente, debe ser frustrante para el presidente del consejo de ministros Juan Jiménez Mayor que su proyecto estrella –un paquete de reformas a la legislación sobre seguridad ciudadana– sea postergado tanto tiempo y, para ello, tener que visitar al titular del Congreso y a otros legisladores a fin de convencerlos de que lo aprueben.
Haciendo de tripas, corazón, Jiménez Mayor y el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, visitaron ayer el Congreso para conversar no con Víctor Ysla, presidente del Congreso, sino con la titular de la Comisión de Justicia, Marisol Pérez Tello. La citada legisladora tiene un cargo clave, en el que debe convencer al resto de los integrantes de ese grupo de trabajo de acelerar la aprobación de esas leyes. Es, a la vez, una de las firmantes de la moción de
interpelación que intenta obligar a Jiménez a responder 33 preguntas sobre el estado de la inseguridad ciudadana que se vive en el país.
Debe ser pues un trance amargo tener que visitarla a ella para solicitarle algo. Lo mismo vale para Pedraza. Pero entonces resulta que también hay que hacer coordinaciones con la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuyo presidente José León Rivera –congresista por La Libertad–, debe realizar la misma labor con los integrantes de su grupo de trabajo.
El problema es que todos esos congresistas integran también otras comisiones, lo que los obliga a dosificar sus esfuerzos e intereses a otros temas que no son prioritarios, como tampoco lo es la seguridad ciudadana para ellos.
Prueba de eso es que hay en cartera numerosos proyectos de ley que se debaten mal, tarde o nunca, y que redundan en la dación de leyes importantes, no tanto o inútiles. Mientras tanto, la necesaria reforma en la legislación penal que permita combatir con mayor eficacia a la delincuencia, es mirada con desdén por los congresistas.
Éstos han perdido el sentido de la distancia y ahora resulta que no sienten la necesidad de combatir a la delincuencia. Simplemente están dentro de una burbuja que los aísla del resto de mortales, porque cuentan con personal de seguridad, autos blindados y demás recursos para protegerse.
La lucha se está dando sin embargo en las calles, donde el ciudadano de a pie sigue incrementando su sensación de inseguridad. Pocos colaboran para ello. Nos acabamos de enterar de que una empresa telefónica accedió a roporcionar los nombres de los titulares de los teléfonos celulares desde se llamó al fotógrafo Luis Choy. Así como lo leen. No fue un gesto espontáneo de colaboración. Hubo que rogar a la empresa para que lo hiciera.
Eso es lo que falta, entonces: que el gobierno deje de lado su tibieza y que se ponga los pantalones para exigir, en forma firme y contundente, la colaboración de todos. El que no quiera hacerlo, pues que reciba sanciones. Y que sufra de restricciones para poder seguir haciendo negocios en el país.
Fuente: laindustria.pe
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